Extremadura respalda el plan de salud mental pero advierte: «80 céntimos por persona es insuficiente»

Sin embargo, este viernes el Ministerio de Sanidad y las autonomías han sacado adelante el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 una vez que el departamento de Mónica García ha corregido los detalles técnicos que impidieron que el texto fuera aprobado a la primera.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha participado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en Toledo bajo la presidencia de la ministra de Sanidad.

El programa recogido en el nuevo texto se financiará con 39 millones de euros para el conjunto del país, cantidad que García Espada considera escasa. Durante su intervención, la consejera extremeña ha mostrado el respaldo de Extremadura al nuevo plan, pero ha manifestado su disconformidad con la dotación presupuestaria prevista por el Ministerio. «La apuesta del Gobierno central son 0,80 euros por español, lo que a todas luces es claramente insuficiente».

La principal disputa, que ha sido resuelta este viernes, se centraba en el uso del término 'deprescripción', que en el documento original se planteaba como uno de los objetivos a la hora de abordar los problemas de salud mental, es decir, que se recetaran menos fármacos en determinadas patologías que podrían tratarse, por ejemplo, con psicoterapia. La palabra 'deprescripción', sin embargo, suscitó las críticas de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPMS), que creía que esta formulación suponía un «estigma» para las personas «que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo». Ahora ha sido sustituida por la expresión «uso adecuado o racional» de los psicofármacos. Superado el escollo terminológico, el plan ha contado con la unanimidad de todos los participantes en el Consejo Interterritorial de Salud.

La consejera ha subrayado que Extremadura está plenamente comprometida con el refuerzo de la atención a la salud mental, pero ha reclamado una financiación justa y acorde con las necesidades reales de las comunidades autónomas: «Con 39 millones a repartir no es posible desarrollar una estrategia efectiva. Es imprescindible una consignación presupuestaria suficiente y una memoria económica que respalde cualquier plan acordado en el seno del CISNS».

Además, ha advertido del déficit estructural a nivel nacional de profesionales especializados en salud mental y ha reclamado al Ministerio que este problema se aborde «de manera conjunta y consensuada».

Además la consejera extremeña se ha posicionado al lado de los profesionales «he manifestado que los profesionales, claves en el desarrollo del Plan de Salud Mental que hoy aprobamos deben tener voz, deben ser escuchados y por ello he solicitado expresamente que los Consejos Generales de Colegios de Enfermería, Psicología y Medicina se integren en la Comisión Técnica de dicho plan y de la que ya forma parte el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales».

Por otro lado, García Espada ha exigido financiación específica para los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Extremadura exigiendo «con urgencia la financiación necesaria y suficiente para la implementación de la Ley ELA en Extremadura así como en el resto del país. Es un derecho de los pacientes recogidos en la ley publicada en octubre del pasado año y que a día de hoy continúa sin consignación presupuestaria por parte del gobierno central».

El acuerdo incluye la elaboración de una Guía de Práctica Clínica por parte de un equipo técnico independiente, que sirva como herramienta útil a los profesionales de salud mental en el uso adecuado de psicofármacos y apuesta por programas de formación en prescripción y deprescripción de hipnosedantes y antidepresivos y de fomento de la prescripción social.

El nuevo texto plantea también un abordaje de los problemas de salud mental más centrado en los determinantes sociales, como la falta de empleo, la precariedad laboral o las dificultades para acceder a una vivienda. De esta forma, promueve un modelo de atención integral y comunitario que favorezca la recuperación e inclusión social de los pacientes, con el foco en los más vulnerables (los mayores, los migrantes, las personas en situación de exclusión social y las víctimas de violencia de género), y pone en marcha un grupo de expertos para analizar la salud mental de los niños y los jóvenes.

También busca impulsar alternativas a la hospitalización como la atención domiciliaria, la hospitalización abierta y las casas de crisis para fomentar una vida autónoma con acceso a vivienda y trabajo digno.

Además, el documento propone la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y la adolescencia, la mejora del acceso a la psicoterapia y la posibilidad de dotar a los profesionales sanitarios de más herramientas en el abordaje de la salud mental.

El plan también aborda la necesidad de aumentar el número de profesionales en salud mental, mejorar sus condiciones laborales, cuidar su salud mental, garantizar su disponibilidad y retener el talento.