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El PP forzará una votación en el próximo pleno del Congreso, previsto en la primera semana de mayo, para pedir que el Gobierno cumpla con ... la Constitución y presente antes de junio la senda de estabilidad y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Los populares redoblan así la presión sobre el Ejecutivo, que en las últimas semanas ha enviado mensajes contradictorios con Pedro Sánchez asumiendo la normalidad de una nueva prórroga presupuestaria y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistiendo en que llevarán las Cuentas a la Cámara baja «en el momento que haya una ventana de oportunidad con los grupos políticos». En la práctica, el hemiciclo las da por perdidas para este año.
El partido de Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en los Presupuestos otro frente de deslegitimación del Gobierno, invocando la obligación constitucional de formalizar unos Presupuestos y exigiendo que el presidente convoque elecciones si incumple ese mandato. En el PP argumentan que no tener capacidad para aprobar las Cuentas demuestra tal falta de apoyo parlamentario que impide seguir gobernando, que España necesita un Ejecutivo con una mayoría clara para gestionar los recursos públicos de manera efectiva y que es preciso enfrentar los desafíos estratégicos que se plantean en el nuevo escenario geopolítico global tras la andanada arancelaria de Donald Trump. «Si no tiene presupuesto, tiene que convocar elecciones», repiten una y otra vez los populares.
En sus siete años de mandato, Sánchez ha logrado sacar adelante tres proyectos presupuestarios. El último fue en diciembre de 2022, en su anterior mandato. «Si no hay acuerdo, pues se prorrogan los Presupuestos. Pero sin ninguna duda. Porque lo que necesitamos ahora mismo es estabilidad», defendió hace un mes el presidente del Gobierno durante el debate sobre el incremento del gasto en seguridad y defensa, consciente de que no se dan las condiciones políticas para abordar con unas mínimas garantías de éxito esa negociación presupuestaria.
Para los populares, el coste de no tener unas Cuentas para este año «es muy alto», más si se tiene en cuenta que la situación económica y social «poco tiene que ver» con la existente hace tres años cuando se aprobaron los Presupuestos actuales, que están prorrogados. Para empezar, «limita la capacidad de reacción ante los aranceles impuestos por Trump».
En medio de la guerra arancelaria emprendida por el presidente norteamericano, el líder del PP protagonizará el miércoles un acto organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Hasta la fecha, Feijóo ha abogado por ser «prudente, diplomático, inteligente y firme» en la relación con la Administración estadounidense para intentar frenar la imposición de tasas a las importaciones europeas en la moratoria de 90 días anunciada por Trump.
Los populares consideran, además, que la prórroga de las Cuentas «dificulta la canalización de los fondos europeos», «perjudica a las comunidades autónomas a las que no se les quiere actualizar las entregas a cuenta» y «retrasa las ayudas por la dana a la Comunidad Valenciana, al requerir autorización expresa del Consejo de Ministros». También, apuntan en el PP, la ausencia de nuevas Cuentas para este 2025 «mina la confianza de los inversores extranjeros» y obliga a una «ingeniería contable y presupuestaria al límite de la legalidad» para cumplir con los compromisos de aumento del gasto en Defensa, especialmente ahora que la UE y la OTAN obligan a disparar la inversión en seguridad por encima del 2% del PIB comprometido para 2029. «El argumento de que crecemos y creamos empleo con los Presupuestos prorrogados porque son buenos Presupuestos es de una frivolidad inaceptable», arguyen en el primer partido de la oposición.
La votación de mayo, que se articulará mediante una moción consecuencia de una interpelación que el PP dirigió a la ministra de Hacienda en el último pleno, retratará de nuevo la fragilidad parlamentaria que sufre Sánchez, al que sus aliados han pedido que se presenten de una vez las Cuentas de 2025 en el Congreso para discutir sus pormenores. Incluido Sumar, la cara B de la coalición gubernamental.
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