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Ana B. Hernández
Miércoles, 16 de abril 2025, 07:28
El lugar de residencia ya no será un criterio discriminatorio para acceder al plan de respiro familiar de Extremadura. La Junta ha decidido ampliar ... al conjunto de la región una iniciativa que se estrenó de manera piloto el pasado año, pero que dejó fuera a más de 300.000 extremeños.
El plan de respiro familiar es un nuevo servicio de ayuda a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los cuidadores habituales no profesionales de personas dependientes.
La Consejería de Salud lo puso en marcha el pasado año, a través de un nuevo programa de colaboración municipal, pero solo destinado a 13 municipios con más de 10.000 habitantes y 35 localidades con una población entre 4.000 y 10.000. Se alcanzó así, como destacó entonces la Junta, una amplia cobertura porque en las localidades decididas reside el 70% de la población extremeña: 727.181 habitantes.
Pero más de 300.000 extremeños se quedaron fuera del primer plan regional de respiro familiar. Aquellos que residen en las localidades de menos de 4.000 habitantes, que son muchas en una comunidad eminentemente rural. De hecho, el servicio llegó solo a 48 municipios de los 388 que hay en Extremadura.
Esta decisión generó al Gobierno regional numerosas críticas por parte de los grupos de la oposición. La Junta garantizó entonces que se trataba de un proyecto piloto y que su objetivo era extenderlo en una nueva edición de la iniciativa.
El DOE ha publicado este martes el nuevo programa de colaboración municipal y el plan de respiro familiar llegará también ya este año a las localidades de menos de 4.000 habitantes, por lo que el lugar de residencia no impedirá acceder a unos servicios que buscan ayudar a quienes cuidan de personas dependientes.
«El programa se implementará en aquellos municipios que cuenten con una población superior a 4.000 habitantes, así como en mancomunidades integrales, que incluyan otros municipios, y en mancomunidades que, no ostentando la calificación de integrales, gestionen los servicios sociales de atención social básica, lo que permitirá abarcar prácticamente la totalidad de la población de la comunidad autónoma de Extremadura», señala la Junta en el programa que ha hecho público.
«Con ello se pretende ampliar la cobertura del primer programa, de forma que no solo beneficie a los residentes de localidades con más de 4.000 habitantes, las cuales disponen de recursos directos para su ejecución, sino también a la población de entidades locales de menor tamaño y recursos limitados, recurriendo para ello a las mancomunidades de la región en su representación», aclara el texto.
Con este fin, el Gobierno autonómico ha elevado hasta 1.500.000 euros la cuantía destinada a la financiación de estos servicios, que distribuye entre localidades y mancomunidades «de manera equitativa y proporcional en relación al número de personas de cada entidad local que tengan reconocida una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y grado de dependencia reconocida».
La Junta transferirá los fondos a los ayuntamientos y las mancomunidades, que podrán decidir si los aceptan o los devuelven y determinar la prestación del servicio bien a través de personal propio o por medio de entidades especializadas. En cualquier caso, las cuantías económicas que recibirán irán destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de quienes se dedican con carácter habitual al cuidado no profesional de personas en situación de dependencia y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o personas con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 75%, aunque no exista la situación de dependencia reconocida si se justifica desde el servicio de atención social básica correspondiente.
«En ambos casos, solo se podrán beneficiar de este programa cuando la persona atendida no tenga reconocida una plaza pública en servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial», concreta también la Junta.
Porque el objetivo del plan es ofrecer a los cuidadores no profesionales «la posibilidad de disponer de unas horas para su descanso personal o bien para cubrir sus necesidades puntuales derivadas de la conciliación de las obligaciones laborales y personales y las responsabilidades familiares que se produzcan».
Para ello se podrá optar por ayudas para acompañamiento y asistencia domiciliaria a la persona dependiente o para acompañamiento circunstancial y actividades puntuales de ocio en horario diurno, nocturno, en tiempo libre, en fines de semana y en periodos vacacionales, así como descansos en hospitalizaciones parciales ambulatorias, acompañamientos a servicios especializados ambulatorios, postoperatorios y otros servicios transitorios análogos.
Las ayudas también podrán ser para sufragar estancias de las personas dependientes en centros sociosanitarios, donde la duración máxima del respiro será de 10 días al año por persona atendida, o estancias temporales igualmente en centros no sociosanitarios, con una cuantía máxima de 504 euros por persona.
Badajoz, con 182.273,05 euros, es la localidad que recibe la cuantía más alta para desarrollar el plan de respiro familiar, y la mancomunidad integral de la Sierra de Montánchez, con 55.039,31 euros, encabeza el listado de las nuevas entidades que se han incluido en el programa regional, seguida de la mancomunidad de la comarca de Olivenza, con 26.179,41 euros.
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