53.000 trabajadores de la Junta cobrarán una media de 160 euros en abril por los atrasos de 2020

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este martes con los sindicatos UGT y CSIF el acuerdo para abonar la cantidad pendiente por el incremento salarial del 2% del ejercicio 2020, que no se llevó a cabo por los efectos de la pandemia de covid.

Con esta rúbrica se formaliza el pacto que se alcanzó en diciembre en la Mesa General de Negociación de la Administración regional. El Ejecutivo autonómico reconoció la deuda y propuso pagarla en cinco años, mientras que los sindicatos exigían un pago único. Finalmente se aceptó abonar en tres años la cantidad pendiente, que supone algo más de 25 millones de euros. El sindicato CC OO se ha desmarcado de este acuerdo porque exige la liquidación en un solo ejercicio.

El documento firmado este martes recoge que la deuda se pagará en el primer cuatrimestre de los años 2025, 2026 y 2027. De esa forma, el primer abono tendrá lugar en la nómina de este mes de abril, como ha confirmado la presidenta extremeña.

El acuerdo abarca a todos los trabajadores del sector público autonómico, lo que incluye a Administración general, sanidad, educación, Universidad de Extremadura y entes públicos. Según los datos del Ministerio de Hacienda, en el año 2020 sumaban alrededor de 53.000 personas, aunque sin contar con empresas y sociedades públicas.

La cantidad que se adeuda, algo más de 25 millones de euros, supone por tanto una media de unos 480 euros por trabajador. Como el pago se hará en tres anualidades, se harán tres abonos de unos 160 euros cada uno. La cifra exacta dependerá del sueldo base y la categoría de cada empleado, así como de determinados complementos.

La subida del 2% se extiende sobre las retribuciones básicas y el complemento de destino de los empleados públicos. La Junta de Extremadura acordó aplicar esta subida en 2020, pero sólo en la nómina de diciembre. De esa forma, en realidad la deuda corresponde al incremento de once mensualidades, lo que supone el 1,83% del total del año.

El Gobierno del socialista Fernández Vara decidió congelar este pago debido al incremento del gasto y a la caída de ingresos que se produjo en 2020 por los efectos de la pandemia de covid. En aquel momento se anunció que la retroactividad de la medida al 1 de enero de ese año dependería del momento en el que la región alcanzase el equilibrio presupuestario.

Varios sindicatos denunciaron la decisión de la Junta, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón al Gobierno regional en distintas sentencias, en las que recogió que la subida del 2% no tenía carácter obligatorio, sino que su aplicación era potestad de la Administración regional.

Pero tras el cambio que se produjo en los comicios autonómicos de 2023 y la elección de María Guardiola como presidenta de la Junta por el pacto entre PP y Vox, el Gobierno regional anunció su intención de reconocer este impago como deuda con los trabajadores públicos y por tanto liquidar las cantidades pendientes de pago por la subida que no se aplicó en 2020. Con el acuerdo de este martes se cumple ese compromiso.